viernes, 4 de mayo de 2012

Amigo de Mendoza reveló que el médico examinaba a torturados

Juan Carlos Gualpa, colega y amigo del ex médico de la Policía, relató que Roque Mendoza le contó que examinaba a los presos políticos para ver “hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica.
Juan Carlos Gualpa, colega y amigo del ex médico de la Policía de Misiones durante la dictadura, relató que Roque Mendoza le contó que sus superiores “lo obligaban a examinar a los presos políticos para ver hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica. El profesional fue citado por la propia defensa del entonces jefe del área de Sanidad Policial, en la continuidad del cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de Policía de Misiones.

Cuando parecía que la jornada iba a cerrar con pocos elementos aportados por declaraciones testimoniales, casi en su totalidad de médicos citados por la defensa del acusado Roque Mendoza, un testigo sorprendió al recinto al relatar una confidencia que le había expresado el imputado, con el que mantiene una relación de amistad.

Roque Mendoza es uno de los cinco ex policías acusados, por vejámenes y tormentos cometidos en Jefatura, junto a Felipe Giménez, Carlos Herrero, Julio Amarilla y Carlos Pombo. Los jueces Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte y Norberto Rubén Giménez, investigan crímenes en tres centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia durante el último gobierno de facto.

El último en comparecer ayer ante el tribunal Federal, fue el médico cirujano Juan Carlos Guelpa, quien narró que ya en democracia, Roque Mendoza le confesó que sus superiores de la Policía “lo obligaban a examinar a presos políticos para ver hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica.

El profesional, que se desempeña en el hospital de Fátima, manifestó que mantiene además una relación de amistad con Mendoza, desde la época en que ambos eran estudiantes universitarios en Córdoba.

El jefe del Comité de Bioética del Hospital Madariaga, José Zinovich fue el primer testigo en declarar, por parte de los citados por el abogado César Ortellado, defensor de Mendoza.

El acusado exhibió tarjetas personales de médicos que supuestamente se desempeñaron ad honorem durante el gobierno de facto, y su abogado expuso que entre ellos figuraba el de José Zinovich.

El funcionario negó haber pertenecido a la fuerza y añadió que en el período comprendido entre los años 1976 y 1979 se desempeñó en la Municipalidad de Posadas. Sí admitió haber conocido circunstancialmente a Mendoza.

La estrategia del abogado defensor César Ortellado también incluyó al doctor Manuel Ramos Matiauda, quien manifestó que trabajó junto al imputado dentro de sanidad policial.

El testigo relató que su función se limitaba a las guardias de ingreso de pacientes de emergencia y al control por ausentismo. El testigo ratificó que Sanidad Policial funcionó inicialmente en la Seccional Primera y luego la dependencia fue trasladada al edificio de Jefatura de Policía, sobre Santiago del Estero y Félix de Azara.

“Las autopsias en ese entonces estaban a cargo de Sanidad Policial”, reveló el actual médico judicial de Eldorado, Ramón Luis Rodríguez.

Rodríguez prestó sus servicios en la fuerza entre 1981 y 1996. El galeno precisó que se encargaba del control de ausentismo y estaba en la junta médica.

Sobre el perfil, estrictamente profesional de Mendoza tras la dictadura, amplió el médico Roberto Zarjanovich quien ingresó a la Policía en 1986 y actualmente sigue en la fuerza con el grado de comisario. “Él era el jefe”, selló.

(fuente :  http://colectivoepprosario.blogspot.com.es)

jueves, 3 de mayo de 2012

“En 1984 denuncié las torturas y ahora se está comprobando todo”

Lo dijo Graciela Franzen, en el juicio a cuatro policías y un médico acusados de secuestros y torturas durante la dictadura en Misiones. “Todos pueden ver cuál es la verdad”, aseguró

Hace 36 años fue secuestrada y torturada por ser parte de la Juventud Peronista. En Misiones su nombre se escuchó mucho, principalmente desde 1984, cuando ella realizó la denuncia que nunca prosperó por la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Se trata de María Graciela Franzen, quien está siguiendo de cerca el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, que se realiza con jueces subrogantes de Formosa y Chaco en el Juzgado Federal.
Franzen, luego de tantos años de lucha, asegura que está observando cómo todo lo que sufrió y denunció, se está mostrando en el debate. No sólo el mecanismo perverso de secuestro y torturas, sino también la actuación de los médicos policiales que, según dijo un testigo que asombró a todos, Juan Gualpa, uno de ellos “decía si los detenidos aguantaban o no más torturas”.
Fue esta declaración la que más descomprimió la carga de Franzen y también de las querellas, porque más allá de tratarse de un “comentario” que Gualpa aseguró que el médico acusado, Guillermo Mendoza, le hizo en 1994.
Mendoza, en su defensa, dijo ayer que le salvó la vida a Gualpa, al “hablar” con sus superiores para que lo liberen cuando estuvo detenido por armas que eran de su propiedad, denotando el poder que tenía en esa época. Y aseguró que la conversación mencionada por Gualpa, nunca existió.

El caso 22
En el cuarto juicio se ventilan las privaciones ilegítimas de la libertad agravada y la aplicación de tormentos agravados a 62 personas. Los acusados son Carlos Omar Herrero (86), Felipe Nicolás Giménez (75), Guillermo Roque Mendoza (66), Julio Argentino Amarilla (65) y Carlos Alberto Pombo (63).
El caso 22 de este debate es el de Graciela Franzen, actual secretaria de Derechos Humanos de la CTA Misiones y representa a la Asociación Civil Por los Derechos y la Memoria de Misiones. Los que están acusados de privarla ilegítimamente de la libertad y de aplicarle tormentos son Herrero, Giménez y Amarilla. Mientras que el médico Mendoza está acusado (también en el caso 19 de Ricardo Escobar y en el 52 de Hugo Salinas) por privación ilegal de la libertad con abuso funcional o sin las formalidades legales, múltiplemente agravada por su comisión con violencias o amenazas y por haberse prolongado durante más de un mes.
 
El resumen del caso de Franzen indica que fue secuestrada el 19 de mayo de 1976 por un grupo de personas pertenecientes a las fuerzas conjuntas, quienes luego de vendarle los ojos la llevaron hasta un lugar cercano en el centro de la ciudad, donde cargaron elementos metálicos y, retomando el viaje salieron a la ruta, atravesando un camino de tierra. Cuando detuvieron la marcha del vehículo la hicieron descender y la arrojaron al pasto, en donde luego de desnudarla le aplicaron picana eléctrica. En las cercanías sintió el ruido de aviones, antes de entrar en un estado de semiconciencia.
Posteriormente regresaron a la zona urbana de Posadas pudiendo situarse la víctima en la calle Buenos Aires entre Santiago del Estero y Tucumán, ya que en un momento alcanzó a correrse la venda de sus ojos.
 
Allí fue nuevamente sometida a la tortura mediante la picana eléctrica y violada en reiteradas oportunidades por cinco hombres o más, pudiendo reconocer como autores de aquellos abusos al entonces oficial Juan Carlos Ríos y al suboficial Miguel Ángel Silvero. Según dijo, allí la asistió médicamente Guillermo Mendoza. Además alcanzó a individualizar como torturadores al oficial Giménez, entre otros que sindicó. 
 
Desde allí fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres, donde fue atendida nuevamente por el médico Guillermo Mendoza, ya que se encontraba en muy malas condiciones físicas. Transcurrido un mes aproximadamente fue regresada al Departamento de Informaciones donde el oficial Ríos luego de manosearla y golpearla, le comunicó su puesta a disposición del PEN.
Estando en la Alcaidía de Mujeres, el 26 de julio de 1976 la trasladaron, encapuchada, vendada y esposada a la cárcel de Villa Devoto, donde permaneció dos años y un mes hasta que se exilió del país.

La búsqueda de la verdad
Siguiendo el debate de cerca, al igual que la investigación que se reactivó hace unos siete años, Graciela Franzen se sienta entre el público y lleva el apunte de todo lo que dicen los testigos e imputados.
A pesar de la tensión de los primeros días, con el correr de las audiencias se muestra más aliviada y hasta llegó a contar a El Territorio: “Me acuerdo que cuando Fernando Cantelli -ahora querellante en la causa- se recibió de abogado, nos reuníamos en la Comisión de Víctimas y soñábamos con que se haga justicia, con este momento, y ahora podemos verlo”.
Y agregó que “Es muy bueno que podamos ver el proceso y la paciencia que tiene el Tribunal a los abogados defensores, suspendiendo audiencias y esperando a los testigos de parte, ojalá a nosotros nos hubieran tenido algo de paciencia”.
Además, recordó los momentos más difíciles: “Una cosa es cuando te torturan a vos, pero cuando escuchabas a los otros era tremendo, la tortura psicológica era lo peor en los centros de detención”.
“Tus padres tendrían que darte la protección pero en ese momento no te protegía nadie”, agregó para ilustrar la exposición de ella y de su familia, ya que dos de sus hermanos y muchos de sus conocidos también fueron víctimas de la dictadura.
“En 1984 yo hice la denuncia en el juzgado de Posadas. Se comenzó la investigación e hicieron un expediente de 700  hojas que quedó ahí en nada porque salió la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todo lo que denuncié ahí y lo que denuncié también ahora, se está viendo en el juicio. La verdad está saliendo a la luz”, aseguró Graciela con una sonrisa, como sacándose una gran carga de encima.

El médico Mendoza negó haber hablado con Gualpa

El miércoles por la tarde declaró el médico Juan Gualpa, quien conocía a su colega Guillermo Mendoza de la Facultad de Medicina y porque el ahora acusado, una vez que cayó preso en la dictadura, lo ayudó a superar una detención  con los militares. De esta manera contó, al ser preguntado por Ortellado sobre las actividades de Mendoza en Sanidad Policial, que en el verano de 1984, cuya fecha exacta no sabía precisar, Mendoza fue a visitarlo a su casa y estuvo cerca de una semana junto a su familia.
Dijo que le preguntó a Mendoza por qué se fue de Sanidad Policial, y él le comentó que porque entre otras actividades “él les decía hasta cuánto aguantaban los torturados”. Asimismo, Gualpa aseguró que entendió, por cómo comentó el tema Mendoza, “que lo obligaban a hacerlo”.
 
En ese sentido, fue repreguntado por Ortellado sobre si se trataba de prácticas médicas y él dijo que sí, pero no era una revisión general, sino como un examen de signos vitales “para ver si aguanta o no. Pero a veces él le decía que no aguantaban más pero igual seguían con las torturas”.
Estos dichos generaron una reacción inmediata en Mendoza, quien quería hablar ante el Tribunal el mismo miércoles. Pero sus dichos fueron escuchados ayer por la mañana. En su descargo, Mendoza aseguró que él le salvó a Gualpa de seguir detenido durante el golpe militar, porque su compañero de estudios había caído preso por armas que eran de su propiedad y que fueron encontradas en poder de otras personas, algo considerado muy grave para las Fuerzas Armadas en ese tiempo.
 
Además negó categóricamente haber tenido tal conversación en 1984 con Gualpa y menos aún haber ido de visita una semana a la casa de éste en San Vicente, aduciendo que no era de ir de visita a otras casas con su familia.
Según describió Mendoza, la esposa de Gualpa fue a hablar con él cuando su colega fue detenido y entonces él personalmente fue a hablar con el juez federal Magno Pérez para que lo liberen, algo que ocurrió al poco tiempo.
Sobre esta declaración, el querellante Héctor Rafael Pereyra Pigerl, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que la misma denota “un amplio poder” durante la dictadura, lo que a su entender puede “complicar aún más su situación”.