Otra oportunidad desperdiciada de pedir condenas por genocidio

Los querellantes representantes del Estado nacional y provincial y la fiscal coincidieron en pedir una pena de 25 años de prisión para Carlos Omar Herrero (80), jefe de la Policía de Misiones en el inicio de la última dictadura y Felipe Giménez (75), ex jefe de la dirección de Informaciones, como autor y coautor de privaciones ilegítimas de la libertad, sin orden judicial contra dirigentes políticos, uso de violencia, amenazas y tormentos en 42 hechos y cuatro violaciones contra Susana Benedetti, Graciela Franzen,  María Silvia Coutuné y Nilda Frield.

 Asimismo, pidieron 15 años de prisión para el médico Roque Mendoza -quien está acusado de "supervisar las torturas"- por ser considerado partícipe primario de los mismos delitos, además de privación y tormentos. Por Julio Amarilla, ex agente de Informaciones, pidieron 20 años de prisión por partícipe necesario de privaciones y tormentos contra políticos y para Carlos Pombo, también ex agente de Informaciones, 15 años por privación ilegítima de la libertad agravada ilegítima y tormentos agravados por persecución política. En todos los casos, solicitaron que las condenas sean cumplidas en cárceles comunes, por la gravedad de los hechos.

En dos alegatos bien extensos, la querella de la Provincia, ejercida por Juan Martínez y la Nación, a cargo de Rafael Pereyra Pigerl, apuntaron a que los cinco ex funcionarios policiales que están siendo juzgados  por delitos de Lesa humanidad como torturas, violaciones, privaciones legitimas de la libertad en alrededor de 40 personas, son los culpables y que los testimonios de las víctimas y las pruebas que hay bastan para condenarlos. La sentencia se podría dar a conocer mañana mientras que hoy está previsto que den sus alegatos los defensores de los imputados.

En primer turno expuso sus alegatos el querellante por Misiones, Juan Martínez, quien pidió las penas máximas para los imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de Policía durante la dictadura militar. En este sentido, lo que se le pide a los jueces encargados de dictaminar la sentencia, Rubén Quiñónez, Eduardo Belforte y Norberto Rubén Giménez, es que Carlos Herrero, jefe de Policía desde junio hasta noviembre de 1976 que sea penado con 25 años de prisión por encontrarlo autor de los hechos con características de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y violación a las mujeres que eran recluidas en un centro clandestino de tortura que funcionaba en el departamento de Informaciones de la fuerza de seguridad provincial. La misma cantidad de años pidió para Felipe Giménez, responsable de aquel sector policial y por ende coautor de los mismos hechos, a quien además en su legajo se encontró felicitaciones del mandamás del momento de la fuerza de seguridad por su desempeño en la institución, lo que da por hecho que se sabía perfectamente lo que pasaban con las personas recluidas.

En el caso del médico de la institución, Guillermo Roque Mendoza, que ingresó como oficial y por sus conocimientos  en medicina, se hizo cargo del sector de servicios sociales en donde habitualmente están los galenos y enfermeros de la policía. Al parecer y según los alegatos de la querella, Mendoza certificaba si el torturado podía seguir resistiendo los aberrantes castigos a los que era sometido, como ser picaneado con artefactos eléctricos y golpes de todo tipo y abusos sexuales en caso de las mujeres.

Para Julio Amarilla, agente de Policía y con prestación de servicio en la Dirección de Informaciones, pidieron 15 años de prisión por partícipe necesario de tormentos agravados mientras que a Pombo, de la misma jerarquía, lo consideraron como un gran torturador, a tal punto que en los momentos que no jugaba al fútbol en Atlético Posadas y había decidido ser Policía, nadie sabía lo que realmente hacía.
 
Hoy es el turno para la defensa de los imputados de exponer sus alegatos y la sentencia podría conocerse mañana mismo. Entre los defensores, se encuentran los abogados Edgardo Ortellado en el caso de Roque Mendoza y Alberto Kuhle para la defensa de Carlos Pombo.

En este juicio, que comenzó el 21 de marzo se juzgan crímenes cometidos en el Departamento de Informaciones, el Destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, todos centros  clandestinos de detención dependientes de la policía de Misiones. Este es el cuarto juicio por memoria, verdad y justicia que se realiza en Misiones.

‘‘Muchas víctimas de la dictadura reclamaban lo mismo que hoy, piden los tareferos”.

La investigadora de la historia de Misiones (1976-1983) dijo que hay que avanzar en los Derechos Humanos que aún hoy no se respetan.
“Hay una falta de discusión política”, aseguró

Yolanda Urquiza es historiadora de la Unam y dejó bien en claro que su compromiso es con el presente. Es especialista en investigación y desde 2006 su vida profesional dio un giro, cuando comenzó a investigar junto a un grupo interdisciplinario la historia reciente de Misiones en el período de la dictadura, entre 1976 y 1983, realizando reconstrucciones históricas en base a documentaciones y más de 200 testimonios que han servido de base y prueba para seis juicios penales por delitos de Lesa Humanidad, uno de ellos en proceso y dos por realizarse. “La violencia y el terror que hubo en Misiones contradice el hecho de lo que decía de que 'acá no pasó nada, esta era una provincia tranquila'”, dijo Urquiza, quien contó que la pesquisa la hicieron con dinero de sus salarios.

Por eso dijo que hace falta analizar la historia de violencia y terror en la provincia, pero sin dejar de mirar los Derechos Humanos que hoy no se respetan y las luchas que vienen desde antes de la dictadura y que aún hoy continúan, como la de los trabajadores rurales.

“En realidad hay un gran porcentaje de la población para la cual la democracia tampoco ha significado un cambio muy importante en sus propias condiciones de vida y en sus expectativas de futuro”, aseguró Urquiza a El Territorio. En ese sentido, recordó la lucha de los tareferos por la mejora de condiciones laborales. También dio a conocer su postura sobre la arena política misionera: “Hay una falta de discusión política. Uno observa que hay mucha consigna, pero poca discusión”. 

¿Cuáles fueron tus motivaciones para investigar lo ocurrido durante la dictadura en Misiones?
Comencé a trabajar con el tema de la dictadura para colaborar con la familia de Alfredo González, el decano de la Unam desaparecido, cuando comenzaron los juicios por la verdad, que era el camino que encontraron las Asociaciones de Derechos Humanos para seguir haciendo esos planteos en el espacio público, de verdad y de justicia, aún cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final no le dejaron seguir y suspendieron los juicios penales. Y desde ahí realmente estoy tratando de desentrañar esa densa historia reciente, cargada de mucha violencia, que realmente contradice fuertemente a la propia realidad esa idea de que “acá no pasó nada, esta era una provincia tranquila”. Empecé con los testimonios escritos, con los archivos que existían aún en la casa de Gobierno, en el 2005-2006, y comenzamos a explorar los archivos documentales y después empezamos a trabajar con los testimonios de las víctimas. Ordenamos sistemáticamente todos los testimonios que se exponían en el contexto de los juicios por la verdad y después parte de esos propios testimonios se transformaron en las pruebas que acompañaron ya la implementación de los juicios.

¿Quiénes te acompañaron en ese camino?
Desde el punto de vista académico yo trabajé con tres becarias y con ellas pudimos completar tanto la etapa testimonial como la transcripción de los testimonios, aunque después siguieron sus caminos. Pero hay un equipo muy interesante que está formado por Fernando Canteli, que trabajé siempre con él, con Graciela Franzen y se sumó posteriormente Alicia Rivas. Somos un equipo interdisciplinario. El papel de Graciela fue muy importante porque ella trabajó con las víctimas. Era una persona a través de la cual uno podía acceder a las víctimas, registrar sus testimonios. Graciela fue la primera que presentó un pedido de juicio a miembros de la Policía provincial en el año 84, hace más de 30 años, para que estas denuncias estén ahora instaladas en la justicia, formando parte de un juicio. Pero en el camino quedaron muchas personas sin poder ver esta etapa de justicia. Y hay otras que ahora son juzgadas.

¿Cuántos testimonios recopilaron?
Nosotros habíamos hecho una base de datos bastante interesante, con más de 200 testimonios. Esos tienen distintos formatos, porque lo hicimos de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestras posibilidades económicas, porque obviamente eso lo sostuvimos nosotros y lo seguimos sosteniendo con recursos de nuestro salario, concretamente. Trabajamos con mucho cuidado con las declaraciones de las personas, porque en realidad teníamos acceso a relatos que ni siquiera los familiares de las víctimas sabían. Se trata de memorias traumáticas que algunos intentaron reconstruir sus vidas cerrando alguna puerta. Aunque la historia nos demuestra que la memoria siempre te sorprende, en el sentido de que uno no puede olvidar, pero habían hecho ciertos silencios. Entonces trabajar toda esa memoria fue una experiencia compleja, muy interesante, pero compleja.

¿Cuáles son tus motivaciones para involucrarte en estas investigaciones de la historia reciente?
Yo vengo de una militancia política en el radicalismo, un partido que en los '70, cuando se planteaban esos debates de “reforma o revolución”, al igual que el socialismo estaban entre comillas más por la reforma que por la revolución. O sea que no hice esa opción política por el peronismo, que fueron los más afectados junto a otros partidos, sobre todo el PRT, y algunos grupos de izquierda. Entonces construir esa relación de confianza con las víctimas fue todo un trabajo. Yo no fui víctima, no tengo familiares víctimas y no pertenezco al partido que tuvo la mayor cantidad de víctimas. Pero después de 5 o 6 años de trabajo sistemático ya era una compañera más. Nuestra tarea es conocer. Tratar de describir y de explicar y de ahí difundir. Ir rompiendo algunos mitos, porque a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del país, nuestras víctimas pertenecían a sectores populares. Salvo algunos abogados de clase media. La mayoría eran dirigentes que hacían el colegio nocturno y al mismo tiempo eran trabajadores. O eran agricultores.

¿Cuáles creés que son los frutos de tu trabajo como historiadora?
Una reflexión es sobre la pregunta que te hacen: ¿por qué estudiar el pasado y no dar una vuelta de hoja para mirar adelante?
Yo creo que hay que mirar adelante. Pero también creo que el olvido de hoy es la continuidad del silencio de ayer. Y si hay algo que la historia nos está mostrando es que la impunidad tiene sus efectos a corto y largo plazo, porque la impunidad permite la repetición. Y uno trabaja estos elementos porque cuando uno analiza la matriz de la violencia y de la represión, está sustentada en una intolerancia, en la ortodoxia de un pensamiento fundamentalista que no concibe o rechaza el pluralismo, en sus más variadas dimensiones. Y si uno con el conocimiento ayuda a hacer una sociedad más tolerante, creo que ese es el servicio que se le puede prestar a la sociedad. Conocer y reflexionar sobre las razones, porque el genocidio es una construcción social, nadie desaparece de la noche a la mañana. En realidad primero hubo estigmatización, aislamiento, justificación del castigo por encima de cualquier tipo de legislación y después llegó el terror. Pero lo que más cuesta sentarnos a comprender es que no hubiera habido terrorismo de estado sin una sociedad complaciente que lo permitiera. Hay un amplio sector de la sociedad civil que se benefició con la dictadura. Se benefició porque disciplinó socialmente a sectores que reclamaban derechos. No es por casualidad que muchas de nuestras víctimas fueron dirigentes rurales que reclamaban mejores condiciones de trabajo, las mismas condiciones de trabajo que hoy están reclamando nuestros tareferos y peones rurales. Y personas que en los '70 estaban organizando el sindicato de trabajadoras domésticas, algo que se logró hace pocos años, o chicos que estaban reclamando el boleto estudiantil. Gente que estaba reclamando por la regularización de tierras que estaban ocupando hace varias generaciones. O sea que en realidad la sociedad es la responsable y creo que es la materia pendiente. En los juicios hay ausencia. Salvo honrosas excepciones, hay una gran ausencia de sectores de sociedad.

¿Hay otras causas pendientes para llegar a juicio?
Están pendientes dos juicios más. Juicios a los integrantes del Regimiento de Monte 30 y el juicio a la Policía Federal, eso en cuanto a ir cerrando estos juicios que tienen que ver con la dictadura. Pero en Derechos Humanos todavía hay muchas deudas pendientes. Y creo que son las cosas en las que hay que seguir trabajando. Cuando uno reclama memoria, verdad y justicia, también está reclamando hechos actuales, con los dirigentes rurales. Estamos con un ojo en el pasado y con otro en el presente, para saber cuáles son las condiciones en las que están trabajando los peones rurales actuales. A veces el pasado es un lugar cómodo porque no se puede cambiar. O sea yo miro al mensú de la Bajada Vieja, pero no miro al explotado actual. Entonces tengo que entender que el explotado actual es descendiente de aquel y lo que nos está interpelando el presente es ese largo tiempo sin justicia todavía. Creo que ese es el debate que uno tiene que hacerlo todo el tiempo.

¿Qué pretendés lograr con el estudio de la historia reciente?
Aportar a la comprensión del presente. En general a veces uno tiende a pensar que uno inaugura un tiempo como si no tuviese nada detrás y en realidad uno tiene que ir mirando el presente como resultado de un proceso que va a tener deudas pendientes y que nosotros tenemos que hacernos cargo. Y otra cuestión es que me parece que hay una gran falta de discusión política. Uno observa que hay mucha consigna pero poca discusión. Y la discusión significa conocimiento, argumentación, datos, y ese es un trabajo, encontrarte con los datos a veces no es grato. Y las consignas a veces no develan esa argumentación que uno tiene que hacer. Eso es lo que uno ve, una sociedad como anestesiada. Eso yo hablaba con un grupo de becarios que siempre los incentivo a que estudien y les decía que parece que la argumentación se resume a un Twitter, a 140 caracteres. Y ves que muchos que tienen responsabilidad comentan cosas sobre las que son responsables porque son gobernantes. Se transforman en comentaristas cuando en realidad son gobernantes. Es como que un director técnico comentara el funcionamiento del equipo como si fuera otro. Ese es el debate que está faltando. Mientras tanto uno mira los relatos oficiales y los discursos y dice: “me gustaría vivir en esa provincia”. Porque no lee lo que uno transita cotidianamente no. En realidad hay un gran porcentaje de la población para la cual en realidad la democracia tampoco ha significado un cambio muy importante en sus propias condiciones de vida y en sus expectativas de futuro. La construcción de una hegemonía no genera ciudadanos, a veces parecemos más una sociedad de súbditos. Los ciudadanos tenemos que interpelar, participar. Y acá hay una toma de distancia muy grande. Fijate lo que pasó en el Concejo Deliberante de Candelaria, y no hay un pronunciamiento claro. Y nadie comete actos sin el guiño de otros estamentos. Hay un autor, un historiador inglés, que dice que el historiador tiene que levantarle la venda a la sociedad y decirles cosas que quizás no quiere escuchar, y entre esas cosas que uno no quiere escuchar son estos relatos del pasado, porque en realidad cada uno tendría que dar cuenta de dónde estaba cuando se cometía la barbarie. Pero la barbarie del pasado no se puede reparar, pero sí las barbaries que tenemos actualmente. Nos interpela a ver qué hacemos actualmente y eso de no mirar el pasado y mirar el futuro, es en realidad una manera de eludir la incomodidad que nos genera nuestro propio presente.

Los números
200 es el número aproximado de testimonios de víctimas de la dictadura que Urquiza y un grupo de investigadores lograron sistematizar.
2006
Es el año en que comenzó a investigar los delitos de la dictadura.

El perfil
• Yolanda Urquiza
Es doctora en Geografía e Historia (Historia Contemporánea) por la Universidad de Barcelona (España); se recibió de profesora en Historia y de licenciada en Metodología de la Investigación Universidad Nacional de Misiones (Unam). Es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam. Allí una de sus líneas de investigación está titulada como "Política, Historia y memoria social en la Provincia de Misiones", y concretó junto a un grupo interdisciplinario la base de datos "Víctimas de la Dictadura de/en la Provincia de Misiones. Asesinados-Detenidos-Desaparecidos", utilizada en todos los juicios misioneros por delitos de Lesa Humanidad.
Por Facundo Gabriel Zuetta
fzuetta@elterritorio.com.ar

Closs tiene que informar sobres archivos policiales que se incineraron por decreto

Lo decidió el Tribunal Oral Federal que juzga a policías y a un ex médico de la Jefatura de Misiones por crímenes de lesa y humanidad. El Gobernador Closs tiene que remitir las copias donde se tendría que haber consignado todos los archivos que mandó a incinerar su antecesor Carlos Rovira, cuando el ahora titular de la Cámara de Diputados, decidió borrar gran parte de la historia policial de mano dura, en tiempos de la dictadura.

Posadas (MC). El Tribunal Federal oral que juzga los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Misiones, sorprendió a propios y extraños en la antesala de los alegatos, con un pedido institucional que seguramente provocará un terrible sofocón en la pretendida política de “derechos humanos” que trata de publicitar el Gobierno Renovador de Maurice Closs y Carlos Rovira.

La Justicia le solicitó al Gobernador Closs que remita las copias donde el Poder Ejecutivo tendría que haber consignado todos los archivos que mandó a incinerar su antecesor Carlos Rovira, cuando el ahora titular de la Cámara de Diputados provincial, decidió borrar gran parte de la historia policial de mano dura, en tiempos de la dictadura.

Concretamente, el Tribunal que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Misiones pidió al Gobernador que remita copias de las actas donde debieron quedar consignadas las documentaciones incineradas a través del decreto 897/05, un instrumento que firmó el ex Gobernador Rovira y su entonces ministro de Gobierno Miguel Ángel Iturrieta.

En pleno juicio oral y público, se conoció que un decreto gubernamental ordenó la quema de todos los archivos en la Jefatura de Policía, principalmente los sumarios y documentos que registraban gran parte de la historia de “mano dura” que aplicó la Policía misionera, desde marzo de 1976 y hasta que se extendió la Dictadura.

“…Tras minuciosa compulsa y revisión en el archivo de esta dependencia no se ha podido establecer identidad, nómina, revista y último domicilio de oficiales y suboficiales que prestaron servicio policial en Jardín América, desde octubre de 1976, en razón de que conforme al Decreto Provincial 897/2005, los archivos han sido incinerados, obrando únicamente registros desde el año 2000”.

Esa respuesta, polémica e indiscreta para una franja del Gobierno Renovador, fue enviada por un alto mando de la Unidad Regional de Jardín América, a los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgan a los ex policías Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Julio Argentino Amarilla, Carlos Alberto Pombo y al ex médico de la fuerza, Guillermo Roque Mendoza, acusados de varios hechos de “torturas” y “privación ilegítima de la libertad”.

El decreto 897/2005 fue firmado por el entonces gobernador Carlos Eduardo Rovira, el 17 de junio de 2005; y rubricado por su ex ministro de Gobierno, Miguel Angel Iturrieta.

Curiosamente, el instrumento fue decretado cuando el comisario general Rubén Oscar Gabriel estaba a cargo de la Jefatura de Policía de Misiones, que ejerció hasta el final del segundo mandato de su amigo incondicional, Carlos Rovira.

De esta manera, el Tribunal respondió a los reiterados planteos de la defensa del ex médico policial Guillermo Roque Mendoza, el abogado César Ortellado, quien desde hace tiempo viene denunciando que la quema de esa documentación afecta los intereses de su cliente.

El lunes último, el mismo Tribunal rechazó el pedido de audiencia solicitado por los integrantes de la Comisión de Seguimiento de los Juicios por la Verdad de la Cámara de Diputados de Misiones, por considerarlo “inusual e improcedente” y remarcó que “el que solicita es el Poder legislativo y este es otro poder el Estado, y este es un proceso judicial”, según resumió el presidente del Tribunal, el juez Rubén Quiñones.

Tanto la querella como los abogados defensores remarcaron que el Tribunal resolvió acorde a la independencia de poderes y remarcaron que “es una muestra más de que las garantías constitucionales del debido proceso están resguardadas”.

Con las declaraciones del escribano Miguel Angel Alterach, ex gobernador de la provincia; de su ex ministro Mario Ovando; del ex senador Eduardo Enrique Torres y el abogado Ramón Glinka, y las declaraciones indagatorias de los imputados Julio Argentino Amarilla y Carlos Omar Pombo –dos policías que declararon por primera vez-, más las ampliatorias prestadas por Felipe Nicolás Gimenez y el ex médico policial Guillermo Roque Mendoza, concluyo el martes último la etapa de recepción de prueba.

Carlos Omar Herrero, el quinto imputado anticipó que recién hablará al final del proceso judicial. Los alegatos de este cuarto juicio de lesa humanidad que investiga el accionar efectivos de la policía de la provincia que cumplieron funciones en la Jefatura y el Departamento de Informaciones se escucharan el día 2 de julio. La sentencia se espera para el día siguiente, el 3 de julio.

El Decreto de la quema:

El Decreto 897/2005 de Rovira sobrevoló varias veces la Sala del Tribunal Federal posadeño de la calle Félix de Azara 2170, donde los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, escuchan los más de 120 testimonios programados, para un juicio que demandó varias audiencias.

No es para menos. El Decreto de Rovira, para mucho de los asistentes, y para los abogados defensores de los policías enjuiciados, denota una connotación exclusivamente política.

“Ese decreto apunta a favorecer a un sector de la Plana Mayor de la Policía de Misiones de aquel entonces, que los mismos, a pesar de estar vivos a la fecha, no han sido citados a declarar o bien ser llamados al juicio para que aporten sus testimonios a contribuir con el valor de la verdad, la memoria y el nunca más”, enfatizó César Edgardo Ortellado, abogado defensor del médico Mendoza.

La sospecha de Ortellado, sobre la supuesta “mano de impunidad” que habría ejercido Rovira, ordenando la quema de los archivos policiales, se recuesta en un análisis de situación que salpica al ex Jefe Gabriel.

Amigo de Mendoza reveló que el médico examinaba a torturados

Juan Carlos Gualpa, colega y amigo del ex médico de la Policía, relató que Roque Mendoza le contó que examinaba a los presos políticos para ver “hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica.
Juan Carlos Gualpa, colega y amigo del ex médico de la Policía de Misiones durante la dictadura, relató que Roque Mendoza le contó que sus superiores “lo obligaban a examinar a los presos políticos para ver hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica. El profesional fue citado por la propia defensa del entonces jefe del área de Sanidad Policial, en la continuidad del cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de Policía de Misiones.

Cuando parecía que la jornada iba a cerrar con pocos elementos aportados por declaraciones testimoniales, casi en su totalidad de médicos citados por la defensa del acusado Roque Mendoza, un testigo sorprendió al recinto al relatar una confidencia que le había expresado el imputado, con el que mantiene una relación de amistad.

Roque Mendoza es uno de los cinco ex policías acusados, por vejámenes y tormentos cometidos en Jefatura, junto a Felipe Giménez, Carlos Herrero, Julio Amarilla y Carlos Pombo. Los jueces Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte y Norberto Rubén Giménez, investigan crímenes en tres centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia durante el último gobierno de facto.

El último en comparecer ayer ante el tribunal Federal, fue el médico cirujano Juan Carlos Guelpa, quien narró que ya en democracia, Roque Mendoza le confesó que sus superiores de la Policía “lo obligaban a examinar a presos políticos para ver hasta cuánto aguantaban una tortura” con picana eléctrica.

El profesional, que se desempeña en el hospital de Fátima, manifestó que mantiene además una relación de amistad con Mendoza, desde la época en que ambos eran estudiantes universitarios en Córdoba.

El jefe del Comité de Bioética del Hospital Madariaga, José Zinovich fue el primer testigo en declarar, por parte de los citados por el abogado César Ortellado, defensor de Mendoza.

El acusado exhibió tarjetas personales de médicos que supuestamente se desempeñaron ad honorem durante el gobierno de facto, y su abogado expuso que entre ellos figuraba el de José Zinovich.

El funcionario negó haber pertenecido a la fuerza y añadió que en el período comprendido entre los años 1976 y 1979 se desempeñó en la Municipalidad de Posadas. Sí admitió haber conocido circunstancialmente a Mendoza.

La estrategia del abogado defensor César Ortellado también incluyó al doctor Manuel Ramos Matiauda, quien manifestó que trabajó junto al imputado dentro de sanidad policial.

El testigo relató que su función se limitaba a las guardias de ingreso de pacientes de emergencia y al control por ausentismo. El testigo ratificó que Sanidad Policial funcionó inicialmente en la Seccional Primera y luego la dependencia fue trasladada al edificio de Jefatura de Policía, sobre Santiago del Estero y Félix de Azara.

“Las autopsias en ese entonces estaban a cargo de Sanidad Policial”, reveló el actual médico judicial de Eldorado, Ramón Luis Rodríguez.

Rodríguez prestó sus servicios en la fuerza entre 1981 y 1996. El galeno precisó que se encargaba del control de ausentismo y estaba en la junta médica.

Sobre el perfil, estrictamente profesional de Mendoza tras la dictadura, amplió el médico Roberto Zarjanovich quien ingresó a la Policía en 1986 y actualmente sigue en la fuerza con el grado de comisario. “Él era el jefe”, selló.

(fuente :  http://colectivoepprosario.blogspot.com.es)

“En 1984 denuncié las torturas y ahora se está comprobando todo”

Lo dijo Graciela Franzen, en el juicio a cuatro policías y un médico acusados de secuestros y torturas durante la dictadura en Misiones. “Todos pueden ver cuál es la verdad”, aseguró

Hace 36 años fue secuestrada y torturada por ser parte de la Juventud Peronista. En Misiones su nombre se escuchó mucho, principalmente desde 1984, cuando ella realizó la denuncia que nunca prosperó por la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Se trata de María Graciela Franzen, quien está siguiendo de cerca el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, que se realiza con jueces subrogantes de Formosa y Chaco en el Juzgado Federal.
Franzen, luego de tantos años de lucha, asegura que está observando cómo todo lo que sufrió y denunció, se está mostrando en el debate. No sólo el mecanismo perverso de secuestro y torturas, sino también la actuación de los médicos policiales que, según dijo un testigo que asombró a todos, Juan Gualpa, uno de ellos “decía si los detenidos aguantaban o no más torturas”.
Fue esta declaración la que más descomprimió la carga de Franzen y también de las querellas, porque más allá de tratarse de un “comentario” que Gualpa aseguró que el médico acusado, Guillermo Mendoza, le hizo en 1994.
Mendoza, en su defensa, dijo ayer que le salvó la vida a Gualpa, al “hablar” con sus superiores para que lo liberen cuando estuvo detenido por armas que eran de su propiedad, denotando el poder que tenía en esa época. Y aseguró que la conversación mencionada por Gualpa, nunca existió.

El caso 22
En el cuarto juicio se ventilan las privaciones ilegítimas de la libertad agravada y la aplicación de tormentos agravados a 62 personas. Los acusados son Carlos Omar Herrero (86), Felipe Nicolás Giménez (75), Guillermo Roque Mendoza (66), Julio Argentino Amarilla (65) y Carlos Alberto Pombo (63).
El caso 22 de este debate es el de Graciela Franzen, actual secretaria de Derechos Humanos de la CTA Misiones y representa a la Asociación Civil Por los Derechos y la Memoria de Misiones. Los que están acusados de privarla ilegítimamente de la libertad y de aplicarle tormentos son Herrero, Giménez y Amarilla. Mientras que el médico Mendoza está acusado (también en el caso 19 de Ricardo Escobar y en el 52 de Hugo Salinas) por privación ilegal de la libertad con abuso funcional o sin las formalidades legales, múltiplemente agravada por su comisión con violencias o amenazas y por haberse prolongado durante más de un mes.

 
El resumen del caso de Franzen indica que fue secuestrada el 19 de mayo de 1976 por un grupo de personas pertenecientes a las fuerzas conjuntas, quienes luego de vendarle los ojos la llevaron hasta un lugar cercano en el centro de la ciudad, donde cargaron elementos metálicos y, retomando el viaje salieron a la ruta, atravesando un camino de tierra. Cuando detuvieron la marcha del vehículo la hicieron descender y la arrojaron al pasto, en donde luego de desnudarla le aplicaron picana eléctrica. En las cercanías sintió el ruido de aviones, antes de entrar en un estado de semiconciencia.
Posteriormente regresaron a la zona urbana de Posadas pudiendo situarse la víctima en la calle Buenos Aires entre Santiago del Estero y Tucumán, ya que en un momento alcanzó a correrse la venda de sus ojos.

 
Allí fue nuevamente sometida a la tortura mediante la picana eléctrica y violada en reiteradas oportunidades por cinco hombres o más, pudiendo reconocer como autores de aquellos abusos al entonces oficial Juan Carlos Ríos y al suboficial Miguel Ángel Silvero. Según dijo, allí la asistió médicamente Guillermo Mendoza. Además alcanzó a individualizar como torturadores al oficial Giménez, entre otros que sindicó. 

 
Desde allí fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres, donde fue atendida nuevamente por el médico Guillermo Mendoza, ya que se encontraba en muy malas condiciones físicas. Transcurrido un mes aproximadamente fue regresada al Departamento de Informaciones donde el oficial Ríos luego de manosearla y golpearla, le comunicó su puesta a disposición del PEN.
Estando en la Alcaidía de Mujeres, el 26 de julio de 1976 la trasladaron, encapuchada, vendada y esposada a la cárcel de Villa Devoto, donde permaneció dos años y un mes hasta que se exilió del país.

La búsqueda de la verdad
Siguiendo el debate de cerca, al igual que la investigación que se reactivó hace unos siete años, Graciela Franzen se sienta entre el público y lleva el apunte de todo lo que dicen los testigos e imputados.
A pesar de la tensión de los primeros días, con el correr de las audiencias se muestra más aliviada y hasta llegó a contar a El Territorio: “Me acuerdo que cuando Fernando Cantelli -ahora querellante en la causa- se recibió de abogado, nos reuníamos en la Comisión de Víctimas y soñábamos con que se haga justicia, con este momento, y ahora podemos verlo”.
Y agregó que “Es muy bueno que podamos ver el proceso y la paciencia que tiene el Tribunal a los abogados defensores, suspendiendo audiencias y esperando a los testigos de parte, ojalá a nosotros nos hubieran tenido algo de paciencia”.
Además, recordó los momentos más difíciles: “Una cosa es cuando te torturan a vos, pero cuando escuchabas a los otros era tremendo, la tortura psicológica era lo peor en los centros de detención”.
“Tus padres tendrían que darte la protección pero en ese momento no te protegía nadie”, agregó para ilustrar la exposición de ella y de su familia, ya que dos de sus hermanos y muchos de sus conocidos también fueron víctimas de la dictadura.
“En 1984 yo hice la denuncia en el juzgado de Posadas. Se comenzó la investigación e hicieron un expediente de 700  hojas que quedó ahí en nada porque salió la Ley de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todo lo que denuncié ahí y lo que denuncié también ahora, se está viendo en el juicio. La verdad está saliendo a la luz”, aseguró Graciela con una sonrisa, como sacándose una gran carga de encima.

El médico Mendoza negó haber hablado con Gualpa

El miércoles por la tarde declaró el médico Juan Gualpa, quien conocía a su colega Guillermo Mendoza de la Facultad de Medicina y porque el ahora acusado, una vez que cayó preso en la dictadura, lo ayudó a superar una detención  con los militares. De esta manera contó, al ser preguntado por Ortellado sobre las actividades de Mendoza en Sanidad Policial, que en el verano de 1984, cuya fecha exacta no sabía precisar, Mendoza fue a visitarlo a su casa y estuvo cerca de una semana junto a su familia.
Dijo que le preguntó a Mendoza por qué se fue de Sanidad Policial, y él le comentó que porque entre otras actividades “él les decía hasta cuánto aguantaban los torturados”. Asimismo, Gualpa aseguró que entendió, por cómo comentó el tema Mendoza, “que lo obligaban a hacerlo”.

 
En ese sentido, fue repreguntado por Ortellado sobre si se trataba de prácticas médicas y él dijo que sí, pero no era una revisión general, sino como un examen de signos vitales “para ver si aguanta o no. Pero a veces él le decía que no aguantaban más pero igual seguían con las torturas”.
Estos dichos generaron una reacción inmediata en Mendoza, quien quería hablar ante el Tribunal el mismo miércoles. Pero sus dichos fueron escuchados ayer por la mañana. En su descargo, Mendoza aseguró que él le salvó a Gualpa de seguir detenido durante el golpe militar, porque su compañero de estudios había caído preso por armas que eran de su propiedad y que fueron encontradas en poder de otras personas, algo considerado muy grave para las Fuerzas Armadas en ese tiempo.

 
Además negó categóricamente haber tenido tal conversación en 1984 con Gualpa y menos aún haber ido de visita una semana a la casa de éste en San Vicente, aduciendo que no era de ir de visita a otras casas con su familia.
Según describió Mendoza, la esposa de Gualpa fue a hablar con él cuando su colega fue detenido y entonces él personalmente fue a hablar con el juez federal Magno Pérez para que lo liberen, algo que ocurrió al poco tiempo.
Sobre esta declaración, el querellante Héctor Rafael Pereyra Pigerl, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que la misma denota “un amplio poder” durante la dictadura, lo que a su entender puede “complicar aún más su situación”.

Torturas a mujeres y niños

María Leyes había declarado antes en otros juicios, pero esta vez se animó a revelar su propia historia. Fue abusada por policías y perdió un embarazo. Otra mujer relató que también fueron torturados sus hijos de 2, 4, 6 y 8 años     

Por primera vez en este cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, una testigo narró la pérdida de su embarazo estando en manos de represores, en la última dictadura. María Leyes, quien al momento de ser detenida estaba embarazada, denunció, que tras ser violada por policías, padeció un aborto forzado en el Hospital. Además otro testimonio dio cuenta de una apropiación ilegal de una cabaña en Iguazú y denunciaron una indagatoria violenta a niños de entre 2 y 8 años.

En el anterior juicio no tuvo fuerzas para hacerlo. Ahora en cambio, en este nuevo debate, María Leyes soportó el mal que le provoca recordar la pérdida de su embarazo en pleno cautiverio, una crueldad que hasta el momento se conocía solamente en lo más profundo de la intimidad de esta mujer.

En octubre de 1976 una joven María, estudiante del colegio Santa María, tenía un embarazo cuyo tiempo de gestación no trascendió, y fue secuestrada para ser trasladada posteriormente a la Jefatura de Policía.

Una vez reducida en el tenebroso edificio de las calles Buenos Aires y Tucumán, la chica de 19 años fue salvajemente abusada sexualmente por efectivos del grupo de tareas de la dictadura.

Ya quebrada casi por completo, la mujer recordó ante el tribunal que tras el vejamen comenzó a sufrir pérdidas y posteriormente fue derivada al Hospital Madariaga donde perdió su embarazo.

Tortura psicológica a niños
Antes de ser detenida y llevada a la comisaría de Jardín América, en pleno día de la madre, Lourdes Langer ya comenzó a padecer de la peor manera al ver cómo sus pequeños hijos eran indagados violentamente por los policías.

“A mis hijos que entonces tenían 2, 4, 6 y 8 años le preguntaban por las armas, adónde las ocultábamos supuestamente”, relató Langer.

A su turno, la testigo Ana María Macchi contó que fue privada de su libertad, en circunstancias en que trabajaba en el Parque Nacional Iguazú. Junto a una pareja, Ana María fue detenida y llevada de la cabaña que habitaba.

Estando con los ojos vendados, y tras varias sesiones de tortura en el departamento de información, la mujer fue obligada a firmar la sesión de la cabaña, ubicada a la vera del río Iguazú.

El tribunal solicitó a la fiscalía investigar, además de ambas denuncias, las detenciones de un sacerdote denominado “tercermundista” en la Jefatura como así también la de una mujer embarazada que aún permanece desaparecida.

“Era una abogada paraguaya, estaba con unos meses de embarazo y recuerdo que caminaba todas las noches por los pasillos de la Policía”, relató Macchi.

Además de Langer, Leyes y Macchi, declararon ante el tribunal federal Juana Hidalgo, José Leiva, José López y Luis Olmos. Son juzgados por crímenes de lesa humanidad, cometidos en la Jefatura de policía, Felipe Giménez, Carlos Herrero, Julio Amarilla, Carlos Pombo y el ex médico Roque Mendoza.

32 testigos ya declararon y se abren nuevas investigaciones

Ocho testigos sumaron sus relatos al cuarto juicio por lesa humanidad en Misiones, en este caso por la causa contra los ex policías Felipe Giménez, Carlos Herrero, Julio Amarilla, Carlos Pombo y Roque Mendoza.

Gladys Claver Gallino, entonces esposa del desaparecido Carlos Pérez Rueda, relató que en la última dictadura fue secuestrada junto a sus dos hijitas, una de ellas de 9 meses, de las cuales no se supo nada al menos por cuatro días, hasta que fueron devueltas a familiares de la mujer. La investigación por el padecimiento de las menores entrarán en etapa de instrucción, al igual que el caso de “Puchi”, cuya madre estaba detenida y por ello la beba de 9 meses estuvo al cuidado de varias presas en la seccional 2ª de Policía.

Ayer comparecieron, en el Tribunal Oral Federal de Posadas, Hugo Salinas, Norma Yanset, Carlos Bajura, Hipólito Benítez, Gladys Claver Gallino, Pedro Ávalos, Hilarión Barrios y Julio Hippler.

El padecimiento de los niños en el proceso
Gladys Beatriz Claver Gallino fue llevada por las fuerzas, desde su casa, junto a sus dos hijitas el 22 de octubre de 1976.

“Con 27 años me llevaron al departamento de información y perdí contacto con mis hijas. Recién a los cuatro días, y porque desde la plana mayor del Ejército llegó una orden, me devolvieron a mis hijas pero automáticamente se las di a mis padres porque yo tuve que seguir detenida”, recordó la mujer.

En esa circunstancia, la entonces esposa del desaparecido Carlos Pérez Rueda, tuvo un contacto con Felipe Giménez.

“Pasé detenida ocho navidades y me liberaron el 27 de diciembre de 1983”.

“Hoy Puchy puede contarlo”

María, quien declaró el último lunes y es la hermana del recordado teniente fallecido en Malvinas Roberto Estévez, fue una de las detenidas que cuidaron y alimentaron a una beba de 9 meses, es que su madre Ester Cabral también estaba secuestrada en otro centro clandestino del país. En cautiverio la niña fue bautizada como “Puchi”.

“Afortunadamente esta niña después de un tiempo se reencontró con su mamá y hoy es una profesional en España”, dijo con emoción Estévez.

La semana que viene, lunes y martes respectivamente, continuará el debate por la causa que se le sigue a los cinco ex policías, por los vejámenes y torturas perpetrados en la jefatura de Policía, en tiempos de plomo.

El otro momento de mayor angustia en el recinto se vivió con el relato de Julio Hippler, quien siendo un joven padre de 27 años fue detenido y trasladado primeramente a informaciones.

“Tuve tanta sed y en el cuarto día no aguanté más y tuve que tomar agua del inodoro”, narró.

Julio es hermano de Anselmo y Valdimiro Hippler quienes también fueron detenidos. El primero fue asesinado y el segundo continúa desaparecido.

En 2005, Rovira y Gabriel "quemaron" los archivos policiales de la Dictadura

A mediados de junio de 2005, Carlos Rovira firmó un decreto como gobernador que ordenó la destrucción de las documentales archivadas en la Jefatura de Policía. El comisario Gabriel era Jefe de Policía. Un año después, cuando la Justicia Federal comenzó a investigar los juicio de lesa humanidad en Misiones (entre ellos a la Policía), no había más papeles que documenten las funciones de los oficiales y suboficiales en la época dura de la represión. Un decreto polémico y sospechoso que se ventiló en el juicio a cuatro ex policías y un médico de la Dictadura.

Rubén "Carozo" Gabriel, el comisario Amalvy, un oficial de rango y el médico Mendoza, en 1976, en Jefatura.

Posadas. Las primeras audiencias del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, donde son juzgados cinco ex miembros de la Policía provincial, reveló un dato político e institucional que disparó una sensible interna entre los ex presos políticos que son funcionarios y militantes del Gobierno de la Renovación.

En pleno juicio oral y público, se conoció que un decreto gubernamental ordenó la quema de todos los archivos en la Jefatura de Policía, principalmente los sumarios y documentos que registraban gran parte de la historia de “mano dura” que aplicó la Policía misionera, desde marzo de 1976 y hasta que se extendió la Dictadura.

“…Tras minuciosa compulsa y revisión en el archivo de esta dependencia no se ha podido establecer identidad, nómina, revista y último domicilio de oficiales y suboficiales que prestaron servicio policial en Jardín América, desde octubre de 1976, en razón de que conforme al Decreto Provincial Nº 897/2005, los archivos han sido incinerados, obrando únicamente registros desde el año 2000”.

Esa respuesta, polémica e indiscreta para una franja del Gobierno, fue enviada por un alto mando de la Unidad Regional de Jardín América, a los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgan a los ex policías Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Julio Argentino Amarilla, Carlos Alberto Pombo y al ex médico de la fuerza, Guillermo Roque Mendoza, acusados de varios hechos de “torturas” y “privación ilegítima de la libertad”.

El decreto 897/2005 fue firmado por el entonces gobernador Carlos Eduardo Rovira, el 17 de junio de 2005; y rubricado por su ex ministro de Gobierno, Miguel Angel Iturrieta.

Curiosamente, el instrumento fue decretado cuando el comisario general Rubén Oscar Gabriel, más conocido como “Carozo”, estaba a cargo de la Jefatura de Policía de Misiones, que ejerció hasta el final del segundo mandato de su amigo incondicional, Carlos Rovira.


Revelaciones que molestan.

El Decreto 897/2005 de Rovira sobrevoló varias veces la Sala del Tribunal Federal posadeño de la calle Félix de Azara 2170, donde los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, escuchan los más de 120 testimonios programados, para un juicio que demandará varias audiencias.

Principalmente en las butacas que ocupan los ex presos políticos, funcionarios de la Renovación y familiares de desaparecidos y víctimas del proceso.

No es para menos. El Decreto de Rovira, para mucho de los asistentes, y para los abogados defensores de los policías enjuiciados, denota una connotación exclusivamente política.

“Ese decreto apunta a favorecer a un sector de la Plana Mayor de la Policía de Misiones de aquel entonces, que los mismos, a pesar de estar vivos a la fecha, no han sido citados a declarar o bien ser llamados al juicio para que aporten sus testimonios a contribuir con el valor de la verdad, la memoria y el nunca más”, enfatizó César Edgardo Ortellado, abogado defensor del médico Mendoza.

La sospecha de Ortellado, sobre la supuesta “mano de impunidad” que habría ejercido Rovira, ordenando la quema de los archivos policiales, se recuesta en un análisis de situación que salpica al ex Jefe Gabriel.

El propio Ortellado, en pleno audiencia, le mostró una foto a uno de las víctimas, con data del ´76, donde aparecen Carozo Gabriel (alto y delgado) y el médico Mendoza, posando junto al comisario Alberto Amalvy, considerado por la historia como uno de los jefes más crueles de la represión en Misiones, cuando el ministro de Gobierno era el Coronel Luis Alberto Sarmiento.
“Para torturarnos nos encapuchaban, pero hay uno que vi, era flaco, alto y con voz gruesa…”, recordó la víctima, provocando un murmullo tenso en el recinto.

Gabriel, en esos años de plomo, era un oficial de la Dirección de Investigaciones y “asistente personal” de Amalvy (quien falleció en agosto del 94), al estar de las declaraciones de los acusados Norberto Giménez y el médico Mendoza, que en esos tiempos eran camaradas del ahora ex Jefe de Policía de Rovira.


¿Impunidad premeditada o Justicia selectiva?

Durante el juicio, en el cruce de reproches por la valoración de las pruebas en debate, el abogado César Edgardo Ortellado tuvo una crítica vehemente al polémico decreto de Rovira, que no expresaron –al menos en público- una decena de víctimas de la Dictadura, que ahora ocupan cargos en el Gobierno Renovador o militan en Organizaciones de Derechos Humanos.

“El Decreto 897/2005 fue el instrumento jurídico que favoreció a la impunidad de los funcionarios policiales que por haber desarrollado su simple función de policías funcionarios deben aportar sus testimonios, contribuir al esclarecimiento de la verdad, la memoria y el tan publicitado nunca más”, reclamó Ortellado ante los jueces del Tribunal.

Hay datos reveladores, que emergen del juicio y que descubren o insinúan que un sector político del Frente Renovador no hizo más que “alterar la verdad”, cuando mandó a quemar los archivos de la Policía misionera, sin percatarse –quizás- del valor de los documentos que se habían redactado en los años de la Dictadura.

En 2006, un año después de la destrucción de las valiosas documentaciones para los Juicios de la Verdad, la Justicia Federal de Posadas, comenzó a investigar decenas de causas por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en el Departamento de Informaciones, el destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, todos centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de Misiones.

Continúan testimonios contundentes

 “Lo que nos interesa es que se haga Justicia y se conozca que es lo que paso” afirmó uno de los testigos

Continúan prestando declaración los testigos del Cuarto Juicio por delitos de Lesa Humanidad, en la jornada de hoy se esperan ocho testimonios más. El primero en declarar fue Juan Carlos Berens que pidió Justicia y reconoció que se enteró de muchas cosas en el Juicio que no se sabían en aquellos años y es importante que todo salga a la luz, por ello la importancia de este Juicio.

Juan Carlos Berens, victima de la dictadura y testigo del Juicio en Radio Libertad
Graciela Francen, victima de la dictadura y testigo del Juicio en Radio Libertad

Berens que en aquellos años contaba con solo 26 años, militaba en el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y trabajaba en la zona de Montecarlo en los obrajes. Recordó que por su militancia en el año 1976 fue detenido por un grupo de operaciones de la comisaría de Montecarlo que fue a buscarlo al obraje. El fue trasladado hasta Candelaria el 7 de abril de ese año y en principios de septiembre fue trasladado a la dirección de Investigaciones de la Policía en Posadas donde lo torturaron.

El hombre contó que “siete noches consecutivas me picaneaban, me pegaban, para que haga más efecto la picana, mojaban donde me sentaba y me bajaban los pantalones, me preguntaban donde guardaba las armas el Padre José Trepac y que Fernández Domi y Pedro Peckzak eran Montoneros, donde nos refugiábamos, montón de cosas que yo desconocía, porque mi militancia era en el movimiento rural Cristiano y luego en el MAM, la tortura fue brava yo creí que no volvía a la calle, porque los compañeros que salían de la cárcel no volvían, yo fui la excepción porque salí de la cárcel de Candelaria y volví”.

Berens afirmó que no reconoce a ninguno de los que lo torturo durante esos días, porque estaba vendado solo recuerda a quien lo traslado de las cárceles, el Subcomisario Juan Carlos Ríos. Además aclaró que no guarda ningún rencor ni odio y lo único que pide es Justicia.

Por su parte Graciela Francen que presto declaración en la jornada de ayer, relató que “en este caso fue mucho más doloroso, porque cuando sufre toda la familia, realmente es muy terrible, aparte nos han desintegrado la familia, porque mi madre siempre me decía que no solo le mataron un hijo y encarcelaron a la hija durante mucho tiempo sino mis dos hermanas más que también fueron detenidas que tuvieron que irse de la provincia por la persecución que sufrían durante la dictadura y mi madre llegaba a la casa y no encontrar a los cuatro hijos era muy terrible, porque éramos una familia muy unida”.

La mujer recordó que su casa fue allanada en diciembre de 1975 cuando buscaban a mi hermano que era dirigente gremial y barrial, que no estaba en la casa ese día, luego en mayo fue allanada nuevamente mi casa y detienen a una de las hermanas que estaba llegando a la casa, luego detienen a la madre, el padre y la Graciela en sus respectivos trabajos, su hermano había sido detenido que vivía en Resistencia.

Lo más oscuro de la historia de Graciela es cuando recuerda que mientras torturaban a sus familiares hacían que los otros miembros de la familia escuchen y sufran al saber que su familiar era sometido a terribles flagelos. Graciela reconoce entre sus torturadores al doctor Mendoza que la atendió durante las torturas.

“Felipe Giménez y Julio Amarilla eran los más crueles”, dijo un testigo

Segundo Báez relató los vejámenes y tormentos cometidos en la Jefatura de Policía, en la última dictadura. El hombre, de 82 años, narró que fue detenido en mayo de 1976, en Jardín América.Posteriormente fue derivado al departamento de información de la fuerza, donde sufrió las peores torturas.

Calificó de “crueles” a Felipe Giménez y Julio Amarilla, que junto a Carlos Omar Herrero, Carlos Pombo y Roque Mendoza, son ex policías juzgados en el cuarto juicio por lesa humanidad en la provincia, que continuará la semana próxima, lunes y martes respectivamente.
En la continuidad del cuarto juicio por lesa humanidad en Misiones,  entre el martes y ayer prestaron sus testimonios los primeros 16 testigos citados en el cuarto juicio de estas características en Misiones. En esta oportunidad son juzgados cinco ex policías: Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Guillermo Roque Mendoza, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo, todos integrantes de la cúpula de la policía de Misiones durante la dictadura militar.

A los ocho testimonios de ayer, se sumaron los relatos de Juan Carlos Berent, Pacacio Lima, Segundo Báez, Eugenio Dominico, Ángel Fleitas, Ricardo Cáceres y Mirta López.

El testigo Benito Aguirre no pudo asistir al debate. Segundo Báez contó ante el tribunal Federal que fue detenido en mayo de 1976, cuando volvía de un almacén en Jardín América. Posteriormente fue derivado al Penal de Candelaria y finalmente al departamento de información de la policía provincial.

“Ahí empezó lo peor”, recordó el hombre que actualmente tiene 82 años.“Me golpearon mucho y fui torturado. Una persona que se identificó como Nico, que trabajaba en el lugar, tuvo una buena relación conmigo y me contaba quiénes eran mis torturadores. Él me dijo que eran generalmente Giménez y Amarilla, los más puercos y crueles”.

Giménez negó la detención de Báez en el departamento de información. El momento de mayor tensión en el tribunal Federal se registró tras el testimonio de Báez. El acusado Felipe Giménez pidió la palabra y exhibió una nómina con identidades de personas detenidas, firmada por el entonces coronel del Ejército Juan Antonio Beltrametti, donde supuestamente no figuraba el nombre de Báez. “Este señor está fabulando, por dichos de un tercero dice que lo torturé y nunca estuvo detenido en el departamento de información”. 

Los centros clandestinos de detención en jefatura y el Penal de Candelaria, fueron un común denominador en los relatos de los 16 testigos.

Comenzaron a declarar testigos en el juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones

 El cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones se reinició en la mañana de este martes con la declaración de 8 de los 120 testigos previstos para que testifiquen en este proceso en el cual son juzgados ex miembros de la policía provincial.

Tras un paréntesis de 20 días dispuestos por el Tribunal Federal, definió que en cada jornada de debate comparecerán 8 de los 120 testigos citados a declarar por ambas partes, y que 6 de ellos lo harán durante la jornada matinal y los dos restantes lo harán por la tarde, repitiéndose la misma modalidad en la jornada del miércoles, explicó una fuente judicial.

El juicio se inició el 21 de marzo y en el banquillo están Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Guillermo Roque Mendoza, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo, todos integrantes de la cúpula de la policía de Misiones durante la dictadura militar.

El tribunal está compuesto por los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, ya que los magistrados misioneros fueron recusados.

A Herrero se lo juzga por 42 hechos al igual que a Giménez, en tanto Mendoza es indagado por tres hechos, Amarilla por 41 y Pombo por diez, en la causa por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en el Departamento de Informaciones, el destacamento policial conocido como Casita de Mártires y la Casita del Rowing, todos centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de Misiones.

Como parte querellante, además de las víctimas, está el Estado misionero, a través de la secretaría de Derechos Humanos del ministerio de Derechos Humanos, con Amelia Báez como representante.

En tanto los abogados querellantes por el Estado misionero son Juan Bautista Martínez y Orlando Prestes –por la Municipalidad de Posadas-, mientras que Héctor Rafael Pereyra Pigerl representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Por su parte el abogado Marcelo Fernando Cantelli representa a la víctima Eladio Benítez y Carlos Tomás Andino hará lo propio por Juan Marcelo Quirelli.

Ayer declararon Graciela y Teresa Franzen; Nilda Friedl, Ricardo Ortellado, Augusto Speratti, Mario Gómez. Por la tarde lo hicieron Aníbal Velázquez y Florentín Lencina (todas víctimas de vejámenes cometidos en la última  dictadura y que ya expusieron en los anteriores juicios).

Ortellado relató que cuando fue detenido en 1976, tenía 17 años. “Me esposaron, me vendaron los ojos y me iban pisando dentro del vehículo, el cual dio varias vueltas para despistarme. Todo el tiempo me preguntaban por Ricardo Escobar. Con ese dato insistían.

Llegaron hasta un lugar, abrieron el portón, aparentemente en la casita del ex club Rowing. Me tiraron en una habitación. Estuve así unos días, sabía la hora era porque sonaba todo el tiempo una radio.

Cuando pedía agua me lo negaban y me decían “Te va a hacer mal con la picana”. Me torturaron. Me llevaron al Penal de Candelaria y al departamento de Información.

Otro de los relatos más dramáticos fue el de Augusto Speratti, quien sufrió terribles torturas durante su detención. “El 26 de octubre de 1976, llegaron hasta mi casa ubicada en la chacra 157 de Posadas, un grupo de civiles armados hasta los dientes aproximadamente a las 5 de la mañana. Yo convivía con mi señora y mi beba de 7 meses. Me esposaron, me vendaron los ojos y me llevaron hasta el departamento de información, ubicado en Santiago del Estero y Buenos Aires. A las horas me comenzaron a picanear, yo estaba todo atado. Y gritaba del dolor porque encima me picaneaban hasta los testículos. Cuánto sufrimiento había en la Jefatura. Después me di cuenta por qué todos los días ensayaba en ese lugar la banda de música de la policía. Claro, así no se escuchaban los gritos de los compañeros que eran torturados. No nos querían dar agua, parecíamos bolsa de práctica para boxeo porque nos pegaban todo el tiempo y además de todo lo peor, porque yo ya no sentía mis manos y piernas por estar colgado a veces, nos quemaban el pelo”, contó.

Por la tarde declararon Aníbal Velázquez y Cecilia Franzen, dos conocidos militantes por los derechos humanos.

Velázquez recordó que fue detenido en su casa el 20 de octubre de 1976. Fue llevado en principio a la Policía Federal, luego a la Jefatura de la Policía de Misiones, en ambos casos estuvo entre 10 y 12 días, siendo cruelmente torturado en ese periodo.

 “Las primeras 72 horas eran terroríficas mientras nos indagaban. A mi me sacaron un diente con una tenaza y una uña”.

Posteriormente fue trasladado a la cárcel federal de Candelaria y a centros clandestinos de Resistencia, La Plata y Devoto. Fue liberado en diciembre de 1983.

Franzen fue una de las que identificó al médico Mendoza como uno de los torturadores. Su hermana Teresa, quien también declaró ante el tribunal en esta jornada, fue detenida y también llevada al edificio de Buenos Aires y Santiago del Estero.

Franzen describió las horas posteriores a su secuestro, la macabra tortura que sufrió en manos de los policías y reconoció al ex médico Roque Mendoza. “La dictadura destruyó a mi familia, nos detuvieron a mi y a mis hermanos, a Luis lo asesinaron y pido justicia por eso sobre todo”.

Hoy será el turno de dar su testimonio de Juan Carlos Berent, Pacacio Lima, Segundo Báez, Eugenio Dominico, Ángel Fleitas, y Ricardo Cáceres. Por la tarde lo harán Mirta López y Benito Aguirre.

Las próximas fechas del juicio serán 16 y 17 y 23 y 24 de este mes.El juicio se inició el 21 de marzo y en el banquillo están Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Guillermo Roque Mendoza, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo, todos integrantes de la cúpula de la policía de Misiones durante la dictadura militar. El tribunal está compuesto por los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte, de la Justicia federal de Formosa, y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, ya que los magistrados misioneros fueron recusados.

FOTOS DE LA JORNADA 10/4/12

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El ex jefe de Inteligencia de la Policía hizo listas de los "subversivos"

El ex jefe de Inteligencia de la Policía hizo la lista de personas a perseguir en 1975. Y lo acusan de secuestrar y torturar a algunos. Ayer fue la segunda jornada del juicio donde se juzga a cinco acusados por 60 casos de delitos de lesa humanidad

Era el encargado del área de Inteligencia de la Policía de Misiones y, como tal, antes del Golpe hizo los informes sobre quiénes debían ser perseguidos y castigados por ser “subversivos”. Ayer, en el juicio oral en el Tribunal Federal por unos 60 casos donde el Ejército y la Policía cometieron delitos de lesa humanidad en la última dictadura, Felipe Nicolás Giménez, comisario inspector retirado, aceptó haber realizado esas listas y después dijo que todos fueron obligados por un conocido decreto firmado por el exgobernador Alterach donde quedaban bajo las órdenes del Ejército Argentino, para perseguir y castigar a los acusados en lo que, para Giménez, fue y sigue siendo “una guerra que ahora se trasladó a la Justicia”.

Y no dudó en denunciar a los funcionarios actuales que impulsaron los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad, por “financiar declaraciones falsas” e inculparlo así de estos casos. Asimismo apeló a la “teoría de los dos demonios” y se quejó de que hayan derogado la Ley de Obediencia Debida. Por otra parte, el médico Guillermo Mendoza volvió a declarar y, entre otros puntos, ofreció una lista de nombres de médicos que trabajaron esporádicamente junto a él en el tiempo de la dictadura y dijo que, muchos de ellos, se fueron al regresar la democracia pero que él se quedó y por eso lo sindican y lo estigmatizan.

El jefe de Inteligencia
Si de cerebro y de brazo ejecutor de represión contra los jóvenes se habla, el nombre del comisario inspector Felipe Nicolás Giménez está en la cabeza de la lista, ya que al momento del golpe era el jefe de Inteligencia de la Policía de Misiones y la mano derecha del jefe de la Policía de Misiones.
Él fue quien en 1974-75 confeccionó a pedido del entonces jefe de la Policía de Misiones, las listas de los “subversivos” a quien el Ejército debía perseguir y castigar y luego fue en parte encargado de ejecutar gran parte de ese plan de exterminación, por lo que hoy llega al banquillo de los acusados por más de 40 de los 60 casos que se ventilan en este cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad en Misiones.
Y en el debate aceptó haber realizado los informes sobre subversivos, entre los que están muchas personas que fueron víctimas de la dictadura con secuestros, persecuciones, torturas y hasta desaparecieron, aunque sólo de algunos de esos casos se lo acusa en este juicio.
Su accionar juzgado es por “privación ilegal de la libertad con abuso funcional o sin las formalidades legales múltiplemente agravada por su comisión con violencias o amenazas y por haberse prolongado durante más de un mes” y además por “Imposición de tormentos a los presos que guarde agravada por la condición de perseguidos o perseguidas políticas de las víctimas”.
Más allá de descalificar los dichos de víctimas como Graciela Franzen, Ricardo Coutouné y de algunos policías como Viana y Araujo, quienes complican la situación procesal en cuando a su accionar durante la dictadura, Giménez dejó
bien en claro que aún está convencido de que se trató “de una guerra” y que “la guerra revolucionaria sigue hasta hoy”.
Según dijo, él como integrante de la Policía de Misiones cumplió la orden dada por el militar retirado y por entonces gobernador de Misiones, Miguel Ángel Alterach, firmado el 13 de diciembre de 1975, donde ponía a las Fuerzas Armadas a cargo de la fuerza provincial.
A su vez, aseguró que las fuerzas cumplían con la Ley 2076, la que “obligó a las Fuerzas Armadas a la aniquilación de los subversivos”.
Además dijo Giménez que a pesar del alto puesto que ocupaba, se considera hoy en día un “chivo expiatorio”, por lo que además denunció a los funcionarios provinciales y nacionales por lo que llamó “ancianicidio”, un plan armado para aniquilar a los ancianos como él y como Ríos, quien murió antes de llegar a este juicio, utilizando los recursos del Estado “para financiar declaraciones falsas” y armar causas.
Además de aportar ciertas documentales que servirían para su defensa, Giménez pidió que se adjunte a la causa el nombre de todos los diputados que entre 1975-76 acompañaron a Alterach en firmar el decreto mencionado que lo obligó a actuar bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas. El Tribunal, conformado por los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte de la Justicia Federal de Formosa y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, tomó nota de sus declaraciones, de sus pedidos y pasó a deliberar en cuanto a los demás acusados.

Los otros acusados
El ex policía Julio Argentino Amarilla (65), acusado en más de 40 casos, manifestó que se remite a una declaración que hizo durante la etapa de instrucción. Y Carlos Omar Herrero (86), que era jefe de la Policía de Misiones en 1976 y está acusado de unos 40 hechos, y el ex policía Carlos Alberto Pombo (63), involucrado en unos diez hechos, manifestaron que posiblemente declararán en otra etapa del juicio.

Volvió Mendoza
El médico de sanidad policial Guillermo Roque Mendoza (66), que está acusado de tres hechos, decidió volver a hablar. En la primera jornada se desvinculó de los tres casos, dijo que nunca atendió a esas personas y que no era el encargado de hacer torturas y menos de revisar si los presos “aguantaban” los castigos.
Ayer volvió a reiterar cómo era su rutina de trabajo, en la que tuvo hasta tres trabajos, y dijo que en sanidad policial trabajaron muchísimos médicos, algunos de ellos ya fallecidos.
El hombre aportó la lista de muchos médicos que desde el 76 hasta el 83 trabajaron con él, “muchos de los que cuando volvió la Democracia huyeron a otros países, pero yo me quedé porque no tengo nada que ocultar”. Además criticó el libro de Balero Torres, “Cosechas de Injusticias”, donde él contó que por medio de una secretaria y vecina de Torres, aportó algunos datos históricos, principalmente vinculados al día en que revisó tres cadáveres masacrados, entre ellos el de Enrique Peczak.
“Los datos que yo le di fueron tergiversados en el libro”, denunció, y aseguró que se sorprendió cuando supo que lo que él había narrado cambió para transformarlo en partícipe de la matanza y en el encubrimiento de los crímenes.

Faltan 100 testigos